Nuestra economía ha dado motivos de satisfacción. En los últimos años superamos el golpe de la pandemia, se expandieron las exportaciones y la inversión extranjera contribuyó a transformar nuestra producción. La reforma fiscal de 2018 permitió avances importantes en la estabilidad de las finanzas públicas después de muchos años de espera. La reforma incluyó las medidas impositivas que propusieron los exministros de Hacienda durante mi gobierno en 2001 y la regla fiscal que yo había propuesto con el apoyo de 10 diputados en 1988. Debemos reconocer esos logros. Pero también debemos preguntarnos en qué medida se traducen en bienestar para los hogares y cuán firmes son las bases del crecimiento futuro.
Mi preocupación es que la capacidad de generar empleo e ingresos suficientes sigue siendo débil y que ahora pierde fuerza el motor que más impulsaba la producción. Incluso sin agregar los riesgos externos, nuestras condiciones internas demandan atención y cambios profundos. Y los cambios externos son grandes y nos obligan a enfrentar importantes y difíciles retos.
Además, por razones de espacio, dejo fuera de este análisis el efecto sobre el bienestar del debilitamiento de la educación, la atención de la salud y los programas de ayuda social; los urgentes cambios que demandan nuestro sistema de pensiones y el aumento del narcotráfico y los homicidios, así como el deterioro fiscal posterior a los avances iniciales de la reforma de 2018. La importancia de cada una de esas circunstancias es enorme.
No analizar esas condiciones locales e internacionales torna menos completo este comentario, pero permite concentrarnos en producción, empleo, ingresos y consumo.
Producir más y vivir mejor
El PIB mide la producción dentro del territorio; el ingreso nacional considera también las rentas recibidas del exterior y pagadas a no residentes. Ninguno equivale al ingreso de una familia ni explica cómo se distribuyen las oportunidades. Ambos nos dan información valiosa.
La inversión extranjera genera empleo, compras locales y conocimiento. Las utilidades que corresponden a propietarios no residentes integran nuestro PIB, pero no constituyen ingreso de los hogares costarricenses. Debemos examinar cuánto de la producción del régimen especial se convierte en ingresos de los residentes. Sin embargo, este sector, que ha crecido mucho, solo representa un 15% del PIB.
En los años posteriores a la reforma fiscal, de 2018 a 2024, según cálculos con datos del Banco Mundial, nuestra producción creció en promedio un 3,4% anual, ligeramente por encima del 3,3% del conjunto centroamericano. Pero el consumo de los hogares costarricenses aumentó apenas un 2,7% anual, frente al 3,5% en la región. Crecer algo más en producción es insuficiente si ese dinamismo no se traduce en mayores posibilidades de consumo para las familias. Así lo he señalado en anteriores artículos.
Los resultados recientes obligan a poner atención al bolsillo familiar. Según la Encuesta Nacional de Hogares de 2026, el ingreso promedio mensual por hogar pasó este año de ₡1.209.825 a ₡1.163.728: una caída nominal del 3,8%, equivalente a unos ₡46.000 mensuales. El ingreso promedio por persona también disminuyó un 3,8%. El componente proveniente del trabajo asalariado se redujo un 3,2%, una variación estadísticamente significativa.
Esta última cifra corresponde al ingreso salarial promedio que recibe el hogar. Puede cambiar por las remuneraciones, las horas trabajadas o el número de integrantes con empleo.
En 2025 los ingresos habían aumentado. No ha habido una caída continua, pero el retroceso actual impide dar por consolidada una mejoría sostenida. También debemos reconocer la disminución de la pobreza de años anteriores. En 2026, la pobreza por ingresos afectó al 15,4% de los hogares, sin variación estadísticamente significativa respecto al año anterior. Mantener ese indicador no significa que el bienestar de las familias haya mejorado.
Precios bajos y consumo
La inflación baja, e incluso negativa durante un período prolongado, alivió algunas compras. Pero el poder adquisitivo depende tanto de los precios como de los ingresos. Una familia que pierde trabajo o recibe menos dinero puede enfrentar mayores dificultades, aunque algunos bienes se abaraten. Además, cada hogar tiene una canasta distinta. La apreciación del colón y la inflación negativa han beneficiado en menor medida a las familias pobres por la composición de su canasta de consumo.
El consumo total puede aumentar mientras muchos hogares enfrentan restricciones. El crédito y el ahorro acumulado ayudan a sostenerlo, pero tienen límites y no sustituyen ingresos estables.
El Informe de Política Monetaria de octubre estima que el consumo de los hogares crecerá un 2,5% en 2026, frente al 3,8% en 2025. Sigue creciendo, pero se desacelera. Esto limita el aumento del bienestar familiar y el impulso de la demanda interna.
El problema del empleo persiste
He insistido desde hace años en que debemos examinar conjuntamente el desempleo, la participación laboral y la ocupación. Quien deja de buscar trabajo sale del cálculo del desempleo, aunque siga necesitando ingresos. Pero tampoco podemos atribuir toda la inactividad al desaliento: hay personas que estudian, atienden a familiares, se pensionan o enfrentan enfermedades y discapacidad. Su número, sin embargo, no explica toda la disminución del porcentaje de la población ocupada.
La Encuesta Continua de Empleo estima que en el trimestre de julio a setiembre de 2026 había 2,21 millones de personas ocupadas, una cifra similar a la de antes de la pandemia. Entretanto, la población de 15 años y más pasó de un promedio de 3,94 millones en 2019 a 4,31 millones: un aumento del 9,3%. La tasa de ocupación bajó de un promedio del 55,2% en 2019 al 51,3% y la participación laboral pasó del 62,5% al 54,9%. Si hubiéramos mantenido aquella tasa de ocupación, hoy tendríamos aproximadamente 2,38 millones de personas trabajando: unas 169.000 más que las registradas. La producción ha crecido, pero las oportunidades de empleo no han acompañado el aumento de la población en edad de trabajar.
Además, el desempleo aumentó del 5,7% al 6,5% respecto al mismo trimestre de 2025, con unas 20.000 personas desempleadas adicionales. Es difícil sostener que estamos creando las oportunidades que necesitamos.
Hay avances en la composición del empleo respecto a los años previos a la pandemia, con una menor proporción de empleo informal. Es una buena noticia que debemos reconocer. Pero mejorar esa proporción y aumentar suficientemente el número de personas con trabajo son tareas diferentes. La informalidad todavía alcanza al 36,7% de los ocupados.
La baja participación femenina reclama atención especial. Necesitamos facilitar que las mujeres que desean trabajar puedan hacerlo, atendiendo las barreras de cuido, transporte, capacitación y acceso al empleo. Esa tarea adquiere mayor urgencia ante el envejecimiento de la población y la necesidad de sostener las pensiones y los servicios de salud.
Un motor que pierde fuerza
Durante años advertimos la distancia entre el dinamismo del régimen especial y el del régimen definitivo, donde se desarrolla buena parte de nuestra actividad económica. Debíamos extender las oportunidades mediante mayor productividad y encadenamientos nacionales. Ahora también se desacelera el sector que más crecía.
El Banco Central estima que el crecimiento de la producción de los regímenes especiales pasará del 12,7% en 2025 al 3% en 2026. El régimen definitivo crecería un 3,3%, frente al 3% del año anterior. La aproximación de ambas tasas se produce principalmente por la pérdida de dinamismo de los regímenes especiales. El crecimiento del PIB bajaría del 4,6% al 3,2%.
La apreciación del colón abarata importaciones, pero también reduce los colones que reciben por sus ventas quienes generan ingresos en dólares y pagan costos locales. Afecta de manera distinta a los exportadores, al turismo y a las empresas que compiten con importaciones. Su efecto sobre la competitividad debe analizarse junto con la productividad, los costos internos y las decisiones internacionales de las empresas, sin atribuirle por sí sola toda la desaceleración.
En mi artículo sobre una posible economía triple planteé preguntas acerca de la incidencia económica del crimen organizado. Siguen requiriendo investigación rigurosa. No corresponde presentar como comprobado que los ingresos criminales explican el comportamiento de las divisas o las diferencias entre estadísticas. Pero el inmenso aumento de la criminalidad en los últimos años —principalmente por influencia del narcotráfico— hace sospechar que así sea, al menos en lo que respecta a una parte de ese flujo tan voluminoso de divisas.
El bienestar exige decisiones
Las proyecciones de recuperación no son garantías. Para que el consumo y la inversión sostengan el crecimiento, se requieren ingresos, confianza y proyectos rentables. Si no removemos los obstáculos a la producción y al empleo, será difícil dar solidez a esa recuperación.
Nos corresponde mejorar la capacitación laboral, facilitar la formalización, ampliar los encadenamientos, resolver atrasos de infraestructura, promover la innovación y reducir trabas y costos innecesarios. También nos corresponde enfrentar la criminalidad que amenaza a personas y a empresas. Son tareas internas pendientes, aun antes de considerar nuevas dificultades del comercio internacional.
Necesitamos evaluar el éxito económico por su capacidad de abrir oportunidades y sostener el bienestar de los hogares. Las cifras agregadas son indispensables, pero deben traducirse en posibilidades de trabajo, ingresos y consumo para las personas. Reconocer los logros nos permite defenderlos. Advertir las debilidades nos obliga a corregirlas. El futuro demanda ambas responsabilidades.
