Jorge Alfredo Calvo Cascante, actual vicepresidente municipal y presidente del Concejo entre 2024 y 2026, es acusado por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y legislación o administración en provecho propio.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Cartago acusó al regidor de Unidos Podemos Jorge Alfredo Calvo Cascante por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y legislación o administración en provecho propio, a raíz de actuaciones que el Ministerio Público relaciona con un aparente conflicto de intereses.
Calvo Cascante fue electo como regidor propietario de La Unión para el periodo 2024-2028 y presidió el Concejo Municipal durante los primeros dos años de ese periodo. Desde mayo de 2026 ocupa la vicepresidencia del órgano, mientras que la presidencia corresponde a Ana Margarita Bolaños Aguilar.
La acusación se tramita bajo el expediente 26-00045-0569-PE. La Fiscalía informó que comunicó la pieza acusatoria a la Procuraduría General de la República y al gobierno local de La Unión para que ambas instituciones definan si participarán en el proceso como querellantes y actores civiles, figuras que les permitirían impulsar una acusación y reclamar eventuales daños, respectivamente.
Según el Ministerio Público, Calvo Cascante participó en la discusión, trámite y votación de asuntos relacionados con una sociedad a la que anteriormente había prestado servicios profesionales como abogado, pese a que, según la tesis fiscal, tenía el deber legal de abstenerse por existir un aparente conflicto de intereses.
El comunicado de la Fiscalía no identifica a la sociedad, no precisa cuáles fueron los asuntos discutidos o votados ni detalla la naturaleza de los servicios profesionales que Calvo Cascante había prestado. Tampoco especifica cuál habría sido el beneficio directo que, según la acusación, sustenta la atribución del delito de legislación o administración en provecho propio.
Ese delito está regulado en el artículo 48 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y sanciona determinadas actuaciones de funcionarios públicos que participen en decisiones que otorguen beneficios directos para ellos, familiares o empresas con las que mantengan los vínculos señalados expresamente por la ley.
La Fiscalía también acusa al regidor de intervenir en el conocimiento y trámite de una denuncia presentada en su contra ante el propio Concejo Municipal por una presunta afectación al deber de probidad, sin apartarse del procedimiento. Según el órgano acusador, esa actuación provocó que el asunto permaneciera sin tramitación efectiva durante aproximadamente 10 meses.
Una vez que la Procuraduría y la Municipalidad de La Unión comuniquen si participarán formalmente en el proceso, la Fiscalía presentará la acusación junto con una solicitud de apertura a juicio ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.
Ese tribunal deberá convocar una audiencia preliminar para determinar si existen elementos suficientes para enviar el expediente a juicio.
