Gustavo Morera, representante de la Asociación de Desarrollo Integral de San Miguel de Turrúcares, se dirigió directamente a Rodrigo Chaves durante el conversatorio celebrado el 4 de noviembre en esa comunidad alajuelense. Sus palabras fueron tan sencillas como contundentes:
Don Rodrigo, yo voté por usted en sus elecciones, no lo voy a negar, pero hoy me vine a dar cuenta […] que no me encanta la idea de que nos vengan a ofrecer el cielo y la luna a cambio de tener que comer todos los días a la par de un basurero”.
Mientras Morera exponía sus preocupaciones, Chaves revisaba su teléfono celular. Esa imagen, por sí sola, permite reflexionar sobre la distancia entre escuchar al pueblo y simplemente tenerlo enfrente.
La intervención de Morera adquiere especial significado porque reconoció haber votado por Chaves y, aun así, cuestionó abiertamente su propuesta. Su planteamiento era elemental: las necesidades de infraestructura y servicios públicos de una comunidad no deberían depender de aceptar un relleno sanitario. Y difícilmente podría tener más razón. Las obras públicas se financian con recursos que pertenecen a todos los costarricenses. Ningún ministro es su propietario ni puede presentarlas como concesiones personales. Su obligación es administrar y ejecutar, no manipular necesidades ciudadanas.
Esta semana, ese «pueblo bueno», ese «pueblo sabio» que tanto el ministro Chaves como la presidenta Laura Fernández ensalzan como su norte y razón de ser, le dijo no al primero, de manera frontal y directa. Su reacción fue elocuente. A quienes se atrevieron a contradecirlo los enfrentó con expresiones despectivas y descalificaciones personales. Pareciera que aquel pueblo, tan bueno y sabio cuando aplaude, pierde súbitamente sus virtudes cuando discrepa.
A unos los llamó «mantequilla»; a una regidora la calificó de «comunista» y «regidorona comunistona»; se refirió a sus adversarios como personas «de esa calaña» y hasta recomendó a uno de los presentes buscarse «un pancito para untarse». Todo ello frente a ciudadanos que, lejos de pedir privilegios, expresaban preocupaciones legítimas sobre su comunidad, su entorno y su calidad de vida.
El episodio con la regidora Ana Patricia Guillén dejó una impresión particularmente inquietante. Chaves la mandó a sentarse, le recomendó tomarse un «tecito de tilo» y recurrió a expresiones burlonas para descalificarla. Más allá de la discrepancia política, su reacción plantea una pregunta inevitable: ¿le molesta que lo contradigan o le resulta especialmente incómodo que sea una mujer quien lo haga? Porque una cosa es debatir con firmeza y otra muy distinta es pretender que la autoridad masculina deba imponerse sobre la voz de una mujer que ejerce legítimamente su representación pública.
Turrúcares también permitió observar una particular concepción de la negociación. Negociar supone escuchar, reconocer intereses contrapuestos y procurar acuerdos. No consiste en imponer condiciones ni en convertir las necesidades de una comunidad en instrumentos de presión. En aquella reunión, las autoridades presentaron las obras públicas como moneda de cambio: si la comunidad aceptaba determinadas condiciones, habría inversión; de lo contrario, la oferta desaparecería.
Diversos representantes políticos calificaron esa actuación de «chantaje» y «extorsión». Sin prejuzgar las implicaciones jurídicas de esos términos, lo cierto es que semejante condicionamiento merece un examen institucional serio. Las obras públicas no son favores del gobernante de turno ni premios por coincidir con sus decisiones.
Pero quizás la enseñanza más importante de Turrúcares sea otra. La cercanía que Chaves proclama con ese «pueblo bueno» no parece tan palpable cuando ese mismo pueblo se atreve a llevarle la contraria. Hablarle de frente, con respeto, firmeza y argumentos, pareció suficiente para descolocarlo.
Y esa reacción también invita a examinar la imagen de fortaleza y autoridad que proyecta el Gobierno de Laura Fernández, del cual Chaves forma parte. Una gestión verdaderamente sólida, estructurada y segura de sus decisiones no debería sentirse amenazada por las preguntas, las objeciones ni las críticas de los ciudadanos. Por el contrario, tendría que encontrar en ellas la oportunidad de explicar y defender sus actuaciones.
Porque la fortaleza de un gobierno no se demuestra elevando la voz, descalificando al adversario o exigiendo obediencia. Se demuestra con argumentos, capacidad de diálogo y respeto por quienes piensan diferente. La actuación de Chaves pone en evidencia que existe una clara diferencia entre aparentar fortaleza y ejercerla.
Al final, Turrúcares nos recordó algo que el ejercicio del poder parece hacer olvidar con demasiada facilidad: el pueblo no tiene la obligación de darles la razón a sus gobernantes. Son los gobernantes quienes tienen la obligación de darle razones al pueblo.
