La segunda medida cautelar prohibió expresamente continuar el debate que el oficialismo había decidido mantener pese a una resolución anterior.
La magistrada de la Sala Constitucional Ingrid Hess Herrera dictó este lunes 9 de noviembre una segunda medida cautelar contra el trámite del presupuesto nacional de 2027, en la que ordenó expresamente a la Asamblea Legislativa abstenerse tanto de discutir como de aprobar el proyecto en segundo debate antes del 29 de noviembre.
La resolución, emitida a las 6:00 p. m. dentro del expediente constitucional 26-040155-0007-CO, acogió una solicitud presentada por doce diputados de oposición que cuestionan el recorte de ₡8.048.128.252 al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), incorporado al presupuesto ordinario y extraordinario de la República para 2027.
La decisión adquirió especial relevancia porque, durante la tarde, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, había resuelto continuar la discusión por el fondo del presupuesto, pese a una primera medida cautelar dictada a la 1:03 p. m. por el magistrado Fernando Cruz Castro, presidente interino de la Sala Constitucional.
Aquella primera resolución, emitida a solicitud de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, ordenó al Congreso abstenerse de dar segundo debate al presupuesto antes del 29 de noviembre, mientras se estudiaba una consulta sobre cuatro normas que restringen la utilización de recursos del Poder Judicial.
Jiménez interpretó que la prohibición impedía realizar la votación definitiva, pero no continuar la discusión parlamentaria. Esa interpretación fue respaldada por la mayoría legislativa, que rechazó una apelación de la oposición por 30 votos contra 26 y posteriormente una moción de revisión por 31 votos contra 26.
Sin embargo, la segunda resolución utilizó una formulación que eliminó esa posibilidad de interpretación, al ordenar expresamente suspender tanto la discusión como la aprobación del proyecto.
En la parte resolutiva, Hess dispuso:
Así las cosas, ante la dimensión de la situación planteada y teniendo presente el respeto al principio de supremacía constitucional, cuya defensa se reclama en este procedimiento de control preventivo de constitucionalidad de las leyes, lo que corresponde es acoger la solicitud de medida cautelar urgentísima solicitada por los consultantes, lo que, en el caso bajo estudio, implica que el Plenario de la Asamblea Legislativa deberá abstenerse de discutir y aprobar en segundo debate al proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo número 25.754, antes del 29 de noviembre de 2026".
La controversia por los recursos universitarios
La medida cautelar fue solicitada por los diputados José María Villalta Flórez-Estrada, Vianey Mora Vega, Edgardo Araya Sibaja, Joselyn Sáenz Núñez, Sigrid Segura Artavia, María Eugenia Román Mora, Antonio Trejos Mazariegos, Mangell McLean Villalobos, Víctor Hidalgo Solís, Álvaro Ramírez Bogantes, Karen Alfaro Jiménez y Andrea Valverde Palavicini.
Los legisladores cuestionan una modificación introducida mediante la moción de fondo número 16, aprobada el pasado 19 de octubre por la Comisión de Asuntos Hacendarios, que eliminó una partida de ₡8048 millones destinada al FEES y trasladó esos recursos a una subpartida para financiar la cotización patronal a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
El monto corresponde a recursos del FEES cuyo desembolso había sido postergado y que, según la consulta, formaban parte de un acuerdo de financiamiento universitario para 2027.
Los diputados alegan que, al existir un acuerdo sobre esos recursos y haberlos incluido el Poder Ejecutivo en el proyecto presupuestario, la Asamblea Legislativa no podía eliminarlos sin cumplir las condiciones establecidas en el artículo 85 de la Constitución Política.
También cuestionan que la modificación se aprobara sin consultar previamente a los órganos directores de las cinco universidades públicas, como consideran que exige el artículo 88 constitucional para los proyectos relacionados con materias de competencia universitaria.
La consulta invoca, además, una sentencia de la Sala Constitucional de 2022 que declaró inconstitucional una rebaja legislativa al FEES de 2019, por considerar que el Congreso había excedido sus competencias sobre recursos universitarios previamente acordados.
Hess también señaló atraso en el envío del expediente legislativo
Al fundamentar la medida cautelar, Hess recordó que el presupuesto fue aprobado en primer debate el jueves 5 de noviembre y que su discusión definitiva ya estaba convocada, pese a encontrarse pendiente el pronunciamiento constitucional.
La magistrada también señaló una dilación atribuible a la Asamblea Legislativa en la remisión del expediente presupuestario, que había sido solicitado por la Sala Constitucional desde el 27 de octubre y cuyo requerimiento tuvo que reiterarse el 4 de noviembre.
La resolución tomó en consideración que la eliminación de los ₡8048 millones podría comprometer el cronograma de reintegro de recursos postergados y la planificación de inversiones universitarias, aunque las afectaciones específicas planteadas por los diputados todavía requieren acreditación.
Entre los posibles efectos mencionados en la consulta figuran dificultades para ampliar cupos académicos y ejecutar inversiones en sedes regionales de Nicoya, Liberia, la región Brunca, Sarapiquí, Paraíso y Limón.
Hess consideró necesario preservar la posibilidad de que el control previo de constitucionalidad se complete antes de que el Congreso adopte una decisión definitiva sobre el proyecto.
La suspensión tiene como límite el 29 de noviembre, tomando en cuenta que el artículo 178 de la Constitución Política exige que el presupuesto ordinario de la República quede definitivamente aprobado antes del 30 de noviembre.
Congreso terminó la sesión sin aprobar el presupuesto
La segunda resolución fue dictada después de una extensa controversia en el Plenario por la interpretación de la primera orden judicial.
Durante esa discusión, diputados de oposición insistieron en que el segundo debate comprende tanto la deliberación como la votación y advirtieron que continuar con el trámite podía constituir un desacato.
Pese a esos reclamos, el oficialismo respaldó la decisión de Jiménez y la Presidencia legislativa reanudó la discusión por el fondo. Las diputadas María Eugenia Román Mora y Sigrid Segura Artavia intervinieron bajo protesta, antes de que se decretara un nuevo receso.
Finalmente, y tras la llegada de la segunda resolución al Congreso, Jiménez levantó la sesión de manera intempestiva a las 6:34 p. m., 34 minutos después de que Hess dictara la segunda medida cautelar.
