Los 31 diputados oficialistas votaron contra una moción que reprochaba el trato del ministro a vecinos opuestos al proyecto de la empresa EBI y el uso de inversiones públicas como mecanismo de presión política.
La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) rechazó este lunes una moción que pretendía que la Asamblea Legislativa condenara las declaraciones y actuaciones del ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, durante una reunión con habitantes de Turrúcares de Alajuela, en la que condicionó inversiones públicas a que la Municipalidad retirara los procesos judiciales contra un proyecto de relleno sanitario promovido por la empresa EBI.
La propuesta fue rechazada por 31 votos contra 24, con el voto negativo de todos los diputados del PPSO y el respaldo de las fracciones de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC).
La moción pretendía que el Congreso reprochara formalmente el comportamiento de Chaves y de los demás ministros, viceministros y jerarcas presentes durante el encuentro celebrado el pasado miércoles 4 de noviembre, particularmente por el trato que recibieron personas que manifestaron su oposición al relleno sanitario proyectado en la finca Bajo Pita.
Asimismo, la iniciativa proponía rechazar la utilización de inversiones públicas como mecanismo de presión política y cualquier intento de condicionar obras o servicios a que las comunidades o los gobiernos locales renuncien al ejercicio de sus derechos o adopten posiciones favorables a los intereses del Gobierno o de particulares.
El texto también buscaba expresar la solidaridad de la Asamblea Legislativa con los habitantes de Turrúcares, San Miguel, Cebadilla y Siquiares, así como reivindicar el derecho de las comunidades a participar en las decisiones públicas que afectan sus territorios y exigir a las autoridades un diálogo respetuoso y transparente.
La moción habría exhortado al Ejecutivo a garantizar que las inversiones destinadas a atender las necesidades de esas comunidades respondieran a criterios de interés público y planificación, sin condicionarlas a la aceptación del relleno sanitario ni a la renuncia de los vecinos a manifestar su oposición.
El rechazo legislativo ocurrió cinco días después de que Chaves encabezara un conversatorio en el Liceo de Turrúcares, durante el cual condicionó inversiones públicas en la comunidad a que el Concejo Municipal de Alajuela desistiera de las acciones judiciales con las que busca anular permisos de uso de suelo otorgados para desarrollar el relleno sanitario.
Durante la actividad, el Gobierno ofreció intervenciones en carreteras y puentes, la construcción de un colegio técnico profesional, instalaciones de atención infantil y centros para personas adultas mayores, entre otras obras. Sin embargo, Chaves advirtió que los trámites para ejecutar esas inversiones no avanzarían mientras la Municipalidad mantuviera su oposición judicial al proyecto.
El condicionamiento quedó expresamente establecido cuando el ministro de Educación Pública, José Leonardo Sánchez Hernández, anunció que enviaría personal a valorar la adquisición de un terreno para el colegio técnico. Chaves le ordenó detener esa gestión hasta que el gobierno local resolviera el conflicto con EBI:
No lo mande la próxima semana, no lo mande la próxima semana porque nosotros no vamos a desperdiciar plata si la municipalidad no hace lo que tiene que hacer. ¿Pa' qué vamos a mandar evaluaciones, carreteras, empezar diseños si después salen con un domingo siete?".
El jerarca también advirtió que su ofrecimiento tendría un plazo limitado, vinculado con el desembolso de recursos para contratar la defensa de Costa Rica en un arbitraje internacional promovido por la empresa canadiense Berthier EBI y su vinculada Bajo Pita S. A.
El Gobierno sostuvo que el retiro de los procesos judiciales municipales permitiría negociar una solución al arbitraje, en el cual la empresa reclama por actuaciones estatales que considera perjudiciales para sus inversiones.
El proyecto de relleno sanitario enfrenta oposición de sectores de la comunidad desde hace más de una década. La Municipalidad de Alajuela mantiene procesos judiciales de lesividad contra certificados de uso de suelo otorgados en 2011, mediante los cuales pretende que los tribunales determinen si esas autorizaciones fueron emitidas conforme al ordenamiento jurídico.
